Como aficionado a la inversión en valor (aficionado, porque mi formación como tal es jurídica), no puedo evitar valorar desde el punto de vista empresarial el sistema público de pensiones que tenemos en España. Y el resultado es siempre el mismo: indignación y resignación. Indignación porque, siendo necesario, no hay un sólo partido político que cuente con una propuesta racional y razonable de reforma (y lo indignante no es que no sepan lo que hay que hacer, que lo saben, sino que no estén dispuestos a asumir el coste político de llevarlo a cabo); y resignación, porque este desastre acabará por afectar a todos, tanto a los que han confiado ciegamente en el sistema, como a los que, conscientes de su irracionalidad y seguro declive, han tratado de evitarlo en lo posible.
- La confianza ciega en la viabilidad del sistema de pensiones, y la desconfianza en la clase política
Teniendo en cuenta la total desconfianza de la colectividad en los políticos en general, resulta del todo incoherente su también absoluta confianza en que un sistema ideado por políticos, y gestionado por políticos, pueda dar buenos resultados. Y yo no tengo nada en contra de los políticos, ojo, ni me incluiría en esa mayoría que ostenta una total desconfianza hacia los mismos (creo que la confianza unos se la ganan, y otros no, como en cualquier otro campo), pero esa es la realidad actual.
Lo curioso, y a la vez contraproducente, es que el resultado de lo anterior es que muchos han llegado a la conclusión de que los gobernantes de hoy no quieren mejorar o garantizar las pensiones públicas porque, o bien han robado tanto que ya no queda para las pensiones, o bien son unos malvados comprados por la banca, y como malvados interesados, pudiendo arreglarlo no están por la labor (han debido llegar a la conclusión de que si desaparece el sistema público iremos al privado y se beneficiará la banca española, pero ciertamente es más probable que dediquen los gobernantes un porcentaje mayor del presupuesto a sostener el sistema público –ya que los pensionistas son muchos y votan– que no que lo dejen caer).
La realidad es que, aunque ha habido mucha corrupción (y la seguirá habiendo, mientras el ser humano siga manteniendo su naturaleza –y esté sujeto a tentaciones–, y los políticos tengan mucho poder para manejar dinero de todos –y nunca han tenido tanto poder en este sentido–), la inviabilidad del sistema radica en su configuración: una estructura piramidal que bien encajaría en una estafa de libro, y unos ahorros que no están invertido en nada.
- El sistema público de pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, frente al objetivo de superar la inflación de la inversión en valor
Una de las demandas más sonadas de estos días es que las pensiones se ajusten a la inflación. Y con nuestro actual sistema es del todo imposible, precisamente por una máxima que todo inversor conoce (incluso un aficionado como yo): el coste de la vida, la inflación, históricamente tiende a subir; si tus ahorros no crecen al menos al mismo ritmo que la inflación, pues pierdes poder adquisitivo. Como las cotizaciones de los trabajadores entran hoy, y hoy salen para pagar las pensiones de los jubilados, no se invierten en nada, y si no se invierten en nada su revalorización es 0 (lo que te supone, en la práctica, que asumes una pérdida de poder adquisitivo de, pongamos, un 2% anual –a 30 años eso, multipliquen–). Y ya si pagamos las pensiones de hoy con deuda pública, peor todavía, ya que habrá que sumarle el cupón –el interés– a la pérdida de poder adquisitivo del dinero de los cotizantes.
Lo curioso es que en los medios de comunicación, incluso en aquellos críticos con el sistema público de pensiones, aunque se menciona el asunto de la estafa piramidal (que, de nuevo, resultará políticamente incorrecto referirse al sistema así, pero si lo pensamos, en el sector privado sería una estafa monumental), no se menciona esto último: incluso en el supuesto de que creciese la natalidad, que bajase a mínimos el desempleo y creciesen los salarios, seguiríamos teniendo el problema de que el dinero no está invertido en nada, y que por tanto se lo comería la inflación (más aún cuando son también políticos, o técnicos colocados por políticos, los que deciden la política monetaria –en el caso europeo, a través del BCE–, y que por alguna extraña razón están obsesionados con buscar la inflación).
Y resulta paradójico que a aquellos que gustamos de invertir nuestros ahorros en renta variable, precisamente por ser conscientes de que es de lo poquito que nos permite aspirar a superar la inflación con relativa holgura, se nos tenga por especuladores. No, oiga, a largo plazo (este es otro asunto, somos mayoritariamente cortoplacistas en asuntos financieros) invertir en empresas decentes, a buen precio, es lo racional para mantener poder adquisitivo, lo irracional es comprar bonos del Estado a 10 años a tasas de interés por debajo de la inflación histórica (dando por hecho por un Estado no puede quebrar, cuando la historia, al menos en España, no nos dice eso precisamente), o confiar en un sistema como el público de pensiones (que está condenado desde su nacimiento).
- La alineación de intereses, ausente en la gestión de las pensiones públicas, y clave en la inversión en valor
Si la clase política no ha sido todo lo drástica que debería ser, es porque no se juegan nada. Lo que se juegan, de hecho, es la reelección, o la elección, y para lograrla han llegado a la conclusión, que probablemente no está desencaminada, de que hacer una reforma profunda, previo reconocimiento de su inviabilidad, es una vía segura para el ostracismo electoral.
Cuando quieres invertir en una empresa, es exista un dueño, o una familia, que se juegue su patrimonio en la buena marcha de la compañía a largo plazo, estos se pueden equivocar, por supuesto, pero tienen un incentivo fortísimo para no hacerlo (mantener su patrimonio). Si no existe un dueño con capacidad de tomar decisiones, y son libres el CEO y los directivos de tomar sus propias decisiones, sin jugarse mas que sus pluses, tenderán a tomar decisiones cortoplacistas, precisamente porque los pluses son normalmente a corto plazo.
Si inviertes en un fondo de inversión, es un punto positivísimo que el gestor se juegue su dinero, por estar todo o buena parte de su patrimonio invertido en el fondo. ¿Puede hacerlo mal? Pues sin duda, tener incentivos para hacerlo bien no te garantiza nada, pero al menos no tiene otros incentivos que puedan fomentar que tome decisiones que no favorecen al partícipe (p. ej., comprar pensando en una revalorización rápida a corto plazo para cobrar un plus a fin de año).
- Mi humilde propuesta
Primeramente hay que asumir que el sistema debe adecuarse a la mentalidad e ideología de la sociedad española (al fin y al cabo, la democracia va de esto, para bien o para mal). Como tal, las pensiones deben ser en parte públicas, y el hecho de serlo no tiene por qué dar como resultado una mala gestión o resultado. Creo que varios requisitos de un sistema razonable de pensiones, así pensándolos rápidamente, deberían ser los siguientes:
1. Mixtas (una posición intermedia, entiendo que sería razonable dar más libertad al ciudadano, al menos con una parte de sus ahorros obligatorios, para decidir sobre su gestión).
2. Gestionadas con independencia y con poderes a largo plazo (quizás sería un buen ejemplo el Banco Público Noruego, que gestiona el fondo público de la Seguridad Social razonablemente bien... lo que está claro es que al equipo gestor no se le podría elegir ni a dedo ni para cuatro años).
3. Inversión en activos reales (los Estados parece que, las pocas veces que han tenidos fondos de pensiones para invertirlos, como sucedió con el fondo de garantía de la Seguridad Social en España –antes de que se lo puliesen–, sólo son capaces de invertir en deuda estatal: lo suyo, a largo plazo, es invertir en activos reales, básicamente empresas cotizadas de calidad y bienes inmuebles).
4. Transparentes (en pocas palabras, la misma transparencia que existe hoy para los fondos privados de inversión, que creo en general es bastante razonable).
5. Titularidad privada de cada cotizante (lo ahorrado es del individuo, por mucho que se aplique alguna corrección a efectos redistributivos –que entiendo se reclamaría para lograr un consenso–, si falleces debería ser parte de tu herencia, p. ej.).
No siendo desde mí punto de vista el modelo más racional, si es el más racional dentro de lo razonable (entendiendo por razonable lo que entiendo se aceptaría por la sociedad española).
Ni que decir tiene que de una situación financieramente insostenible no se sale sin sacrificios (que se lo pregunten a las empresas que han logrado salir de situaciones complicadas). Habría que valorar cómo financiarlo, porque tendría un coste importante, pero si sirviera para arreglar este desaguisado a largo plazo, pienso que merecería la pena afrontarlo.
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Por Javier García de Tiedra González, Graduado en Derecho por la Universidad de Cádiz.
